Otra promesa de salud
Ojalá que las prisas por tener listo el Servicio Universal de Salud antes de que inicie el año electoral no los lleve a dejar cabos sueltos que, al final, se conviertan en un boomerang
DAVID KERSHENOBICH STALNIKOWITZ,
SECRETARIO DE SALUD:
No podría estar más de acuerdo con las políticas públicas que hagan realidad el derecho a la salud y, sin embargo, me surgen dudas sobre el decreto que crea el Servicio Universal de Salud (SUS) en lo que respecta a los tiempos, presupuestos y comunicación.
De acuerdo con el citado decreto, emitido el día 16 de este mes, el objetivo es crear una red donde se integren operativamente las instituciones públicas -federales y estatales- que prestan servicios de salud. La idea es que una persona se pueda atender en cualquier hospital, sea o no derechohabiente, y lo haga porque así conviene a su condición y/o a la disponibilidad de servicios.
Suena muy bien, pero da la impresión de que el gobierno se está saltando una etapa. En vez de incorporar al IMSS-Bienestar toda la población que pertenecía al Seguro Popular y la faltante, para luego llevar a cabo la integración de las instituciones, empiezan por esto último. Se está perdiendo la oportunidad de contar con datos precisos del volumen poblacional que se abordará para así orquestar una integración más cercana a la realidad. Porque estamos hablando de 48 millones de mexicanos por absorber, cuya condición de salud se desconoce, don David.
El decreto establece el objetivo “de impulsar el acceso universal (a servicios de salud que sea), progresivo, efectivo, oportuno, continuo, de calidad y sin discriminación alguna a todas las personas, considerando el nivel de atención médica que requieran, así como la capacidad instalada, financiera y presupuestaria de cada institución que lo integre”.
Para que esto sea realidad el 1º de enero de 2027, las distintas instituciones federales de salud y las estatales que se adhieran tienen unos plazos muy apretados, con excepción de los dos primeros pasos: la credencialización, la cual empezará por las personas de 85 años y más; y la conformación de comisiones interinstitucionales.
Las instituciones participantes, junto con la Secretaría de Hacienda, tienen tres meses para determinar los mecanismos de compensación presupuestal, lo cual se ve difícil. Permítame un poco de explicación para los lectores que nos acompañan. Si una persona derechohabiente del IMSS se atiende en el Instituto de Cardiología, el IMSS le tendrá que pagar al Instituto lo que haya gastado. El punto no es cómo se va a emitir el pago, sino todo lo que hay detrás
Los hospitales privados tienen cotizados todos los insumos, análisis y servicios que brindan. No solo es el costo directo de un fármaco, sino también el prorrateo del sueldo del empleado encargado de la farmacia, así como del costo del espacio físico de la farmacia. Y lo mismo aplica para la realización de estudios de radiografía, tomografía, análisis, el personal de enfermería, mantenimiento, administración, etc., etc. Los costos indirectos son muy importantes porque al final del día sí representan una erogación para la institución; determinarlos no será enchílame la otra y la fecha límite es el 21 de agosto.
Las comisiones interinstitucionales tienen cuatro meses y medio para determinar las reglas de acceso; suponiendo que van en paralelo con los trabajos descritos en el párrafo anterior, estamos hablando que la fecha límite es el 1º de octubre. Lo más simple es la producción de la credencial y la inscripción de las personas, ya que contarán con el apoyo de los Servidores de la Nación y se colocarán módulos de registro. Pero aquí hay otro escollo y bastante grande.
Cada institución, llámese ISSSTE, IMSS o IMSS-Bienestar tiene una plataforma para los expedientes clínicos y el chiste será hacer compatibles y compartibles los expedientes clínicos. Volviendo al ejemplo ya puesto, el Instituto de Cardiología deberá poder consultar el expediente clínico electrónico del paciente que está radicado en el IMSS. Como diría mi abuela, la tecnología avanza que es un barbaridad, pero aun así será necesario desarrollar un programa computacional que considere los avances y limitaciones de los tres sistemas de salud.
Otra enoooorme duda es si las instituciones tendrán el presupuesto para absorber a los 48 millones de mexicanos que aún no cuentan con servicios de salud. Si de por sí los presupuestos están muy recortados…
Supongamos que todo lo anterior se resuelve, pero para implementar una política pública de esta envergadura se requiere de una estrategia de comunicación muy asertiva, que contemple los distintos contenidos que deberán comunicarse a directivos, médicos y administrativos. Tuve la oportunidad de ver de cerca el lanzamiento del Seguro Popular y créame que fue muy complicado.
Dicha estrategia también deberá contar con una vía de comunicación entre las instituciones. Por ejemplo, si un paciente de una clínica del IMSS-Bienestar requiere algún tratamiento especial, ¿cómo deciden el médico y el administrativo hacia qué institución la canalizan? ¿Cómo sabrán dónde hay espacio? ¿Cómo aseguran que el paciente será recibido? ¿Cómo evitar la saturación de ciertos hospitales?
Así las cosas, el SUS tiene solamente octubre y noviembre para hacer pruebas piloto de cada uno de sus componentes y, de acuerdo con los resultados, hacer los ajustes necesarios para entrar en plena operación el 1º de enero de 2027.
Ojalá que las prisas por tener listo el Servicio Universal de Salud antes de que inicie el año electoral no los lleve a dejar cabos sueltos que, al final, se conviertan en un boomerang. No solo perdería MORENA, también perdería la población.
+ Con la colaboración de Upa Ruiz
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