La debacle de Rocha Moya
Es muy poca la capacidad de maniobra que tiene el gobierno de México frente a la acusación del Departamento de Justicia. Entre más pronto resuelva el asunto, menos alto será el costo
LIC. ERNESTINA GODOY,
FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA:
+ Debacle: desastre, catástrofe, ruina.
Diccionario de la Real Academia
De tiempo atrás corría el rumor de que EUA tenía una lista de 50 políticos y funcionarios presumiblemente vinculados al crimen organizado y que en cualquier momento la daría a conocer. La especie fue negada una y otra vez, pero luego vino el discurso de Embajador Ronald Johnson, precisamente en Sinaloa; durante la ceremonia de inauguración de una fábrica de metanol, en vez de que su discurso fuera festivo resultó áspero, pues advirtió que la corrupción entre funcionarios locales y la delincuencia sería investigado por EUA. El martes tuvo lugar el último indicio a través de un artículo de Los Ángeles Times.
Y bueno, el martes por la tarde los rumores se tornaron realidad cuando el Departamento de Justicia solicitó la aprehensión preventiva con fines de extradición de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y otros nueve personajes. La solicitud fue entregada a la Secretaría de Relaciones Exteriores. De los acusados, cinco han sido jefes policíacos, un es vicefiscal local y otro es el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez; otro más, Enrique Díaz Vega, es secretario de Administración del actual gobierno. Destacan en la lista el senador Enrique Insunza y, por supuesto, el gobernador Rubén Rocha Moya.
Esta acusación es el problema político más severo que ha enfrentado la doctora Sheinbaum en este primer cuarto de su gobierno, lo cual llama a que sea tratado con toda la pulcritud legal posible. De entrada, la Secretaría de Relaciones Exteriores ya entregó una copia de la acusación a la Fiscalía General de la República; el vocero de la FGR, Ulises Lara, ya declaró que no contiene pruebas. De la rápida lectura que hice de la acusación, efectivamente, no adjunta pruebas, pero sí describe hechos, unos más graves que otros, y que muy probablemente estén basados en las declaraciones de Los Chapitos, El Mayo Zambada y otros delincuentes que se han acogido a la figura de cooperantes.
De lo que sí sabemos en México, doña Ernestina, es que la llegada de Rubén Rocha a la gubernatura estuvo manchada por el secuestro de los promotores del voto y coordinadores priistas el día de la elección, así como de la apropiación de urnas. A esta falta de legalidad y legitimidad, cabe agregar la cita del 25 de julio de 2024, a la que habría acudido para reunirse con El Mayo, Melesio Cuén y Joaquín Guzmán López y que acabó con el secuestro del primero y el asesinato del segundo. Rocha aseguró que no asistió a la cita y que habría viajado a EUA en un avión privado, por lo cual no tenía ni boleto ni pase de abordar para probarlo. Cosa de indagar, doña Ernestina, si efectivamente ingresó a EUA lo cual se demostraría con los registros de Migración y la bitácora del avión.
Esta historia va para largo y será un enorme piedra en el zapato de la presidenta Sheinbaum, porque no olvidemos que el Derecho mexicano exige pruebas tangibles de los señalamientos, los cuales suelen ser muy difíciles de configurar en el mundo del crimen organizado; nadie anda firmando de recibido por los sobornos. En contraste, el Derecho estadounidense da por buenos los señalamientos de palabra, sobre todo cuando pueden corroborarse con más de una persona.
Salvo su mejor opinión, doña Ernestina, difícilmente la FGR podrá resolver que por falta de pruebas el gobernador queda exonerado; eso colocaría a la presidenta en una posición de encubrimiento ante los ojos del Departamento de Justicia. Y no olvidemos que de acuerdo con las leyes estadounidenses el tráfico de drogas se encuadra en el crimen de terrorismo y dichas normas facultan a las fuerzas del orden del vecino país a actuar unilateralmente. Lo último que conviene a la 4T es que un buen día, las fuerzas especiales hagan una operación de extracción de Rocha; el problema escalaría a niveles inmanejables.
Si la FGR concluye que hay suficientes indicios -más allá de las pruebas materiales- como para procesar al gobernador y al senador, tendría que dar vista a la Cámara de Diputados para que se haga todo el proceso de desafuero del gobernador Rocha Moya y del senador Enrique Insunza, el cual toma varias semanas. Mientras esto ocurre, el gobierno mexicano podría acelerar las investigaciones sobre los otros acusados y entregarlos a la brevedad posible.
El asunto tiene una arista adicional: ¿quiénes son los otros políticos y/o funcionarios que también están en la lista? El caso de Rubén Rocha sentaría el precedente para que EUA prepare otras acusaciones y se vuelvan a vivir procesos tan desgastantes para la relación bilateral y la tranquilidad política de México, sobre todo si se trata de morenistas de mayor raigambre.
Es muy poca la capacidad de maniobra que tiene el gobierno de México frente a la acusación del Departamento de Justicia. Entre más pronto resuelva el asunto, menos alto será el costo.
+ Con la colaboración de Upa Ruiz
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