Violencia política-criminal en 2027
Nos espera un año electoral candente y nada indica que la violencia política-electoral vaya a disminuir, a menos de que el Gabinete de Seguridad empiece a actuar desde ya
LIC. ROSA ICELA RODRÍGUEZ,
SSECRETARIA DE GOBERNACIÓN:
Imagino que en el Gabinete de Seguridad ya deben estarse preparando para el recrudecimiento de la violencia política, ahora que ya empezó el año electoral. Y vaya que tienen razones para preocuparse, porque la violencia política no ha parado en México de unos años a la fecha.
Los estudiosos de la violencia política aducen que sus causas, a nivel general, son la desigualdad económica; la exclusión política: los factores étnicos, religiosos o culturales; extremismo ideológico; desigualdad de género; y las disputas por el poder y los recursos. Pero adivinó usted: en México se da la violencia política por la última de las razones y para mayor gravedad por la participación del crimen organizado.
Para que nos entendamos, le comparto la definición construida por Data Cívica, organización que se ha dedicado a monitorear el fenómeno. En un principio, Data Cívica se orientó a medir la violencia en temporadas electorales, pero al ver que las agresiones se daban en cualquier año, procedió a ampliar su definición a violencia política-criminal, “como los actos de violencia –letal y no letal– por parte de organizaciones criminales contra autoridades, personas funcionarias, candidatas y/o militantes activas de partidos políticos”.
Convendría que le echara un ojo al último reporte de Data Cívica. Las mediciones arrancan en 2018, cuando ocurrieron 171 agresiones a políticos; los siguientes dos años son más tranquilos, pero desde 2021 hay una tendencia marcada a la alza que se mantiene hasta 2024, cuando se registraron 659 casos. Llama la atención que un mes antes de cada una de las elecciones es cuando resalta un pico de agresiones. Y más alarma que el número de casos en 2025 casi empata con el año anterior, siendo que no fue año electoral.
De todas las personas agredidas (mil 694), la gran mayoría fueron asesinadas, siendo ellas fuerzas de seguridad fuera de enfrentamientos (684), funcionarios (391), autoridades de elección popular (248), familiares (143), candidatos (173) e integrantes de partido (95). La siguiente agresión más frecuente es el ataque armado con 436 casos y luego el secuestro con 293 casos; en ambos se observa un patrón de distribución similar al del asesinato.
La perspectiva de Data Cívica es coincidente con las observaciones de otros organismos. Integralia Consultores afirma que la violencia política-criminal está vinculada a los intentos de la delincuencia organizada por el control territorial y de los recursos, a través de la cooptación de los funcionarios públicos, siendo los municipios la unidad de mayor vulnerabilidad.
Por su parte, el Índice de Conflictos y Violencia Política 2025 desarrollado por la ACLED, ubica a México en el 4º lugar mundial, solo después de Gaza, Birmania y Siria. La clasificación obedece a varios indicadores, calificados en una escala del 1 al 10. Nuestro país califica con 8 en letalidad de los ataques, así como en lo difusa que se encuentra en el territorio.
Ahora hablemos de las víctimas y volvamos a Data Cívica. “La mayoría de las víctimas ocupaban o competían por puestos a nivel municipal. 78.3% de las personas e instalaciones atacadas fueron de este nivel. (…) Más de la mitad de esos casos se concentró en seis estados: Sinaloa, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Guanajuato y Michoacán”.
Ahora la pregunta es ¿qué está haciendo el Gabinete de Seguridad al respecto? Es de suponer que se reactivará el programa operado en 2024 para proteger a los candidatos que reciban una amenaza, lo grave del asunto es que también es de esperar que ahora haya más casos a atender, según lo muestra la tendencia. Las amenazas, ya sabemos, son para que los candidatos accedan a cooperar con el crimen organizado cuando estén en el cargo. Y si no acceden, pues ya sabemos lo que puede pasar…
Otro grupo a atender son los funcionarios de casilla, ciudadanos comunes y corrientes que amablemente se ofrecen a organizar la recepción de votos. En los últimos comicios presidenciales, 224 casillas no pudieron ser instaladas por falta de condiciones de seguridad; la mayor ocurrencia fue en Chiapas (108) y Michoacán (84). Como sea, en estas casillas no hubo heridos, el problema fue cuando llegó el crimen organizado a dar órdenes a los ciudadanos sobre quién votar, además de asesinar a 15 personas el mero día de la elección, al tiempo que 37 candidatos fueron ultimados a lo largo del período electoral.
Seguramente usted conoce mejor que yo las consecuencias de la violencia política: se socaba la cohesión social, se erosiona la confianza en las instituciones y se altera la estabilidad y el desarrollo político, y se vulneran las actividades económicas.
Nos espera un año electoral candente y nada indica que la violencia política-electoral vaya a disminuir, a menos de que el Gabinete de Seguridad empiece a actuar desde ya.
+ Con la colaboración de Upa Ruiz
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