Rocha: se acabó el tiempo
Se cumplen los 60 días de plazo para la extradición hacia Estados Unidos de Rubén Rocha y ocho coacusados, pero tal parece que todo sigue en un impasse
LIC. ROBERTO VELASCO ÁLVAREZ,
SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES:
Tras advertencia no hay engaño.
Refrán popular
Hoy justamente se cumplen los 60 días de plazo para la extradición hacia Estados Unidos de Rubén Rocha y ocho coacusados, pero tal parece que todo sigue en un impasse. Ni EUA ha mandado las pruebas que solicita la presidenta Sheinbaum, ni ella ha cumplimentado la solicitud. El panorama no podría ser más apremiante.
Por un lado, han sido varias las declaraciones de altos funcionarios estadounidenses alabando el nivel de cooperación entre ambas naciones en la lucha contra el crimen organizado. La mismísima Sara Carter, titular de la Oficina de la Casa Blanca para la Política de Control de Drogas, afirmó que han visto “un progreso significativo en México”, lo cual habla muy bien de los miembros del Gabinete de Seguridad mexicano. No vayamos lejos, la coordinación permitió que en febrero pasado se diera la detención y muerte de Nemesio Oseguera, (a) El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Asimismo, se han llevado a cabo reuniones de alto nivel entre los titulares de las áreas de seguridad de las dos naciones, en las cuales seguramente el mexicano ha entregado buenas cuentas. No solo se ha tratado de la gran cantidad de detenciones realizadas en México de células completas y jefes de plaza, sino también de los resultados de la Operación Enjambre. Mediante esta última han sido detenidos 85 funcionarios y exfuncionarios de nivel municipal, incluyendo siete alcaldes que se encontraban en funciones. La autoridad municipal es el eslabón más penetrado por el crimen organizado y de ahí el enfoque que ha puesto la estrategia de seguridad.
Por el otro lado, nada de esto es suficiente para la administración Trump pues tiene la idea fija de que se hagan arrestos y extradiciones de políticos de mayor nivel. La zarina antidrogas de Estados Unidos justifica que su gobierno haya “puesto en la mira a aquellos en el gobierno que se vendieron a los carteles, que les han hecho más fácil operar,” en particular los vinculados al Cártel de Sinaloa. En el mismo tenor se ha pronunciado el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, quien aseveró que los cárteles controlan “cada centímetro de la frontera norte”, mediante una estructura muy sofisticada, acompañada de tecnología de punta.
El secretario de Estado, Marco Rubio, no se ha quedado atrás y exige que México haga mayores esfuerzos a los actuales. Y qué decir de Terry Cole, director de la DEA: “Los cárteles mexicanos, el Cártel de Sinaloa y el CJNG, son la prioridad número uno de la DEA. Ha destruido familias, ha devastado comunidades y ha puesto a prueba a las fuerzas del orden en todos los niveles. El pueblo estadounidense espera y merece que la DEA elimine esta amenaza, y eso es exactamente lo que estamos haciendo.”
El gobierno mexicano la tiene muy difícil. Hay un elemento que añade complejidad: la entrega voluntaria del general Gerardo Mérida, ocurrida a mediados de mayo. Respecto de esta entrega y la de Enrique Díaz, ex secretario de Finanzas de Sinaloa, la presidenta Sheinbaum soltó un lacónico “ellos sabrán por qué”.
Mérida fue secretario de Seguridad Pública de Sinaloa durante dos años, de 2023 a 2024 y ya fue presentado ante la Corte del Distrito Sur de Manhattan, esposado de pies y manos. Durante su comparecencia, la juez Katherine Polk afirmó que existe “abundante evidencia” en contra de Mérida. Será el 4 de agosto cuando se den cita para una segunda audiencia; mientras tanto, las partes evaluarán si llegan a un acuerdo de culpabilidad para que el general colabore con las autoridades estadounidenses.
Lo más que podría haber hecho México para atemperar los ánimos del vecino país sería recabar todas las pruebas necesarias sobre los ocho funcionarios presuntamente corruptos y, en su caso, juzgarlos en México. Pero no se ve que algo de esto se haya realizado; de hecho, la Fiscalía General de la República ha guardado total silencio sobre el caso Rocha y el tiempo se ha acabado.
Y mientras todo esto sucede, surgen trascendidos de que a otros gobernadores se les ha suspendido la visa; a la fecha conforman la lista los mandatarios de Sonora, Tamaulipas y Baja California. También trascendió que Rutilio Escandón, actual cónsul en Miami, está siendo investigado dado que el crecimiento de la delincuencia organizada fue exponencial durante su mandato en Chiapas. O sea, EUA sigue apretando.
Así las cosas, cualquier día de estos nos despertamos con la noticia de que Rubén Rocha fue objeto de una operación de extracción. Y entonces las relaciones entre México y EUA se romperán. ¿Qué seguirá después?
+ Con la colaboración de Upa Ruiz
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