16,003 localizados
16 mil personas localizadas es un avance. Faltan muchas, muchas más por localizar para brindar paz a las familias
LIC. ROSA ICELA RODRÍGUEZ,
SECRETARIA DE GOBERNACIÓN:
El jueves usted, su equipo y la Comisión Nacional de Búsqueda nos dieron la buena noticia de que han sido localizadas 16 mil tres personas que se encontraban en el Registro Nacional de Personas Desparecidas. Aunque no podemos cantar victoria todavía, es un gran avance.
Lo primero que destaca es que empieza a haber una coordinación interinstitucional y un nuevo procedimiento de búsqueda que implica varios caminos a seguir. De esa manera, las 16 mil tres personas localizadas surgieron tras el cruce de datos con la Plataforma Única de Identidad (seis mil 939), la coordinación con entidades federativas (cuatro mil 788 casos) Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (tres mil 473) y búsqueda en territorio (mil 214).
Otra buena noticia es que se ha conformado un grupo de expertos -cinco nacionales y cuatro extranjeros- en diversas materias como la estadística, sistemas de justicia y la inteligencia artificial, entre otras, además de contar con el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos. Este grupo revisará los protocolos, procedimientos y trabajos seguidos hasta ahora, a fin de sugerir mejoras legales y procedimentales. Bien por esa apertura.
Dentro de la coordinación interinstitucional destaca la participación el INE, por el banco de huellas dactilares con el que cuenta, y la Agencia Nacional de Transformación Digital para el uso de herramientas tecnológicas. Y esperemos que la Fiscalía General de la República se ponga las pilas en cuanto a las peticiones que tiene la Comisión Nacional de Búsqueda sobre recursos y tecnología para para ampliar las capacidades de procesamiento de pruebas de ADN; fortalecer las capacidades de los centros de resguardo identificación humana; y consolidar el Banco de Datos Forenses. Le sugiero que espere sentada porque la FGR no se caracteriza por su celeridad.
Como sea, la diferencia es sustantiva en cuanto a la aproximación al problema, pues durante el sexenio pasado siempre se minimizó el problema y hasta se quiso rasurar el Registro. Lo cierto es que quedan muchas aristas por trabajar.
A la fecha hay 131 mil personas desaparecidas y justo es decir que la gran mayoría de los casos ocurrió desde que se inició la guerra contra los cárteles, con un gran ascenso a partir de 2019; en los últimos ocho años se agregaron 61 mil casos. Las entidades con mayores registros acumulados son el Estado de México, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán y Nuevo León.
La participación del crimen organizado en las desapariciones es innegable, bien sea que se trate de reclutamiento forzado, trata de personas, eliminación de los rivales o incluso un mecanismo de presión a la población de un determinado poblado en la lucha por el control territorial. Al respecto, estudiosos del fenómeno señalan que este tipo de acciones delictivas en no pocas ocasiones el crimen organizado “recluta a agentes estatales encargados de tareas de seguridad, de procuración de justicia e, incluso, autoridades políticas” (Desapariciones en México, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OEA, 2026).
Los gobiernos de la 4T insisten en que no se trata de desapariciones forzadas a manos del Estado. Sin duda, no hay una política de exterminio de esta naturaleza por parte del gobierno federal. Sin embargo, cuando agentes estatales participan de modo directo o indirecto en el acto de desaparición, el derecho internacional califica dicha conducta como una desaparición forzada. Sobre este particular, es mucho lo que los gobiernos estatales y municipales nos deben de rendir cuentas, pues implica colusión, corrupción y fomento a la impunidad.
México ya cuenta con varios instrumentos de ayuda para las desapariciones, como son la Alerta Amber y Alerta Inmediata. Sin embargo, uno de los hoyos negros para la localización de las personas son las fiscalías, para variar. De una parte, los ministerios públicos tienen una sobrecarga de trabajo; de otra, les da por la negligencia. El caso es que el desarrollo y la conducción de las investigaciones no se hace con toda la diligencia que amerita el caso de una desaparición. Así las cosas, se acumula un caso sobre otro, lo cual genera omisiones de parte de las fiscalías, cuando no inaccesibilidad a los expedientes. De la judicialización de los casos ya mi hablemos.
Como todos sabemos, el rezago forense es enorme. ¿Cuántos son? ¿70mil, 75 mil? Este es otro hoyo negro de las fiscalías, con el agravante de sus servicios médico-forenses tienen distinta regulación y procedimientos en cada entidad. Mucho es lo que tendrán que cabildear con los estados para que esta realidad cambie.
16 mil personas localizadas es un avance. Faltan muchas, muchas más por localizar para brindar paz a las familias.
+ Con la colaboración de Upa Ruiz
Nueva cuenta en X: upa_ruiz
X: @Lmendivil2015
