Propone Sandra Amaya blindar retenciones y aportaciones de trabajadores municipales.

Con el propósito de proteger los recursos que los ayuntamientos descuentan del salario de sus trabajadores por concepto de impuestos, seguridad social y aportaciones para pensiones, la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Sandra Amaya Rosales, presentó una iniciativa para establecer mecanismos de blindaje financiero que garanticen que ese dinero llegue oportunamente a las instituciones correspondientes.
Al presentar la propuesta para reformar la Ley de Disciplina Financiera y de Responsabilidad Hacendaria del Estado de Durango y sus Municipios, explicó que cuando un trabajador municipal cumple con su aportación mediante el descuento de su salario, corresponde al Ayuntamiento respetar el destino de esos recursos y evitar utilizarlos para cubrir otros compromisos financieros.
“Detrás de cada descuento hay horas de trabajo. Hay personal que recoge la basura, mantiene nuestras calles, atiende a la ciudadanía y sostiene los servicios municipales. Por eso, el dinero que se retiene de su salario merece un manejo responsable y un destino cierto”, expresó.
Como secretaria de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, destacó la importancia de esta iniciativa en el actual contexto legislativo, luego de que se analizaran y aprobaran los dictámenes de las cuentas públicas de los 39 municipios y comenzara la revisión de sus respectivas leyes de ingresos.
La propuesta contempla tres medidas fundamentales: proteger las retenciones desde el momento en que se realizan, establecer programas de regularización para los municipios que ya tengan obligaciones vencidas y fortalecer la transparencia mediante informes mensuales a la Auditoría Superior del Estado.
En el primer punto, se plantea que los ayuntamientos mantengan disponibilidad suficiente de los recursos retenidos para entregarlos a sus destinatarios, además de proteger las partidas destinadas a las aportaciones municipales de pensiones o al IMSS, cuando su reducción o transferencia pueda provocar o incrementar adeudos vencidos.
En cuanto a los municipios que ya registran obligaciones pendientes, deberán elaborar un programa de regularización que precise los montos adeudados, las instituciones acreedoras, los periodos correspondientes y los recursos previstos para cubrirlos. Este programa tendrá que ser aprobado por el Ayuntamiento y respetar las condiciones establecidas por las autoridades correspondientes.
La tercera medida establece la obligación de informar mensualmente a la Auditoría Superior del Estado cuánto dinero fue retenido, cuánto se entregó y qué saldos vencidos permanecen pendientes, con el propósito de facilitar la vigilancia y el seguimiento de las finanzas municipales.