Personas con discapacidad deben estar en la toma de decisiones: Nadia Milán

Con el propósito de fortalecer la inclusión y garantizar una atención efectiva a las personas con discapacidad en los ayuntamientos, la diputada Nadia Milán Ramírez, planteó reformar la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado, a fin de que las áreas responsables de atender a este sector cuenten con recursos, estructura administrativa y facultades suficientes para cumplir sus funciones.
“No queremos que las personas con discapacidad solamente tengan un lugar en los programas de gobierno; queremos que también tengan un lugar en las mesas donde se toman las decisiones. La inclusión no debe quedarse en el discurso, en el papel o en algún organigrama: debe traducirse en oportunidades, participación y políticas públicas que verdaderamente transformen sus vidas”, resaltó al presentar la propuesta ante el Pleno.
La integrante de la Coalición Parlamentaria Cuarta Transformación, explicó que se busca que la titularidad de las áreas municipales encargadas de atender los asuntos relacionados con las personas con discapacidad recaiga preferentemente en personas servidoras públicas que vivan con alguna discapacidad.
Asimismo, plantea establecer que los ayuntamientos procuren que estas áreas cuenten con una estructura administrativa adecuada, recursos humanos, materiales y presupuestales suficientes, además de atribuciones y mecanismos de coordinación que les permitan cumplir sus objetivos.
Otro de los puntos contempla que los municipios realicen un diagnóstico de las necesidades de su población con discapacidad, con la finalidad de identificar los recursos y las condiciones que requieren estas áreas para funcionar adecuadamente.
La diputada destacó que cada municipio tiene condiciones y necesidades distintas, pero todos comparten la responsabilidad de impulsar políticas públicas que garanticen la inclusión y el respeto a los derechos de las personas con discapacidad.
“Esta reforma no pretende crear más burocracia por crearla. Busca que las instituciones municipales tengan capacidad real de respuesta y que las personas con discapacidad puedan ocupar espacios de responsabilidad pública”, sostuvo.
Señaló que la inclusión no puede limitarse al reconocimiento de derechos en las leyes ni a la creación de oficinas dentro de los gobiernos municipales, sino que debe traducirse en oportunidades reales de participación y en instituciones capaces de responder a las necesidades de este sector de la población.
“En Durango todavía tenemos muchos pendientes en esta materia. Nuestro estado cuenta con 39 municipios y, de acuerdo con la información pública que hemos podido documentar, únicamente dos cuentan con direcciones especializadas: Gómez Palacio y Durango capital. Esto demuestra que todavía existe una importante tarea institucional por atender”, expresó.