¿Mejora la seguridad?
Aun cuando la seguridad está mejorando, estamos muy lejos de que las autoridades federales y estatales brinden confianza y tranquilidad a los ciudadanos
LIC. OMAR GARCÍA HARFUCH,
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN CIUDADANA:
Con frecuencia usted nos da buenas noticias; que si ya agarró a un personaje importante del crimen organizado, que si hay 16 mil personas arrestadas recientemente, que si decomisó miles de dosis de droga o que si el homicidio doloso disminuyó 53%.
Sin menospreciar los logros de la Estrategia Nacional de Seguridad, le comparto mis comentarios a partir de la lectura que hice de la investigación La seguridad pública desde la mirada ciudadana. Principales resultados de la ENVIPE, realizada por México Evalúa. Este thik tank se dio a la tarea de comparar los resultados del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) contra la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE-INEGI) y lo primero que concluye es que las cifras que se dan a conocer como resultado de la Estrategia tienen una perspectiva estadocéntrica: “privilegia los delitos conocidos por el Estado y sus acciones para enfrentarlos, pero deja fuera buena parte de la experiencia cotidiana de las personas”.
La ENVIPE, por contraste, sí permite conocer las decenas de millones de delitos que nunca llegan a las autoridades (la cifra negra), así como a cuánto asciende la pérdida de las víctimas, la limitación de las libertades en el uso del espacio público y la confianza en las dependencias encargadas de seguridad y justicia.
La primera discrepancia que tenemos con el enfoque estadocéntrico es que mientras el Secretariado registra dos millones de delitos, la ENVIPE nos indica que ocurrieron 33.8 millones de delitos. El origen de la discrepancia es que el SESNSP se basa en las carpetas de investigación abiertas en las 32 entidades, pero bien sabemos que el 93% de los delitos no son reportados. Así las cosas, los datos de la Encuesta son un reflejo más verídico de la realidad que viven los mexicanos. Lo que llama la atención es que desde 2013, la cifra negra de delitos solo ha disminuido medio punto porcentual, o sea, nada; esto es, los últimos tres gobiernos no han logrado ganarse la confianza de los ciudadanos para recurrir a ellos en busca de justicia.
La composición de los delitos también ha cambiado; si bien el homicidio doloso ha disminuido notablemente, lo mismo que los robos, otros delitos van a la alza; así tenemos que el fraude y las extorsiones pasaron de 40% en 2018 a 58% en 2025, siendo estos delitos de los que menos se denuncian.
Si consideramos los tres principales delitos, tenemos que las ciudades con mayor incidencia por cada 100 mil habitantes son la CDMX con 68 mil 154; Puebla con 41 mil 876; Edomex con 40 mil 915; Quintana Roo son 38 mil 478; y Chihuahua con 37 mil 106. Estas cifras son de terror.
Otra cifra que disminuye muy poco es el costo económico del delito. En 2025 significó 389 mil millones de pesos para la ciudadanía; esas fueron sus pérdidas, incluyendo los gastos adicionales en medidas de seguridad. Esta cifra es 5.8% menos que en 2018 y apenas 1.3% menos que en 2024.
La confianza en las instituciones de seguridad, procuración e impartición de justicia anda de capa caída, como siempre. 42% desconfía de la policía preventiva; 40% de la policía estatal, lo mismo que de los jueces y los ministerios públicos; 37% no cree en la policía ministerial. Lo que llama la atención es que estas instituciones son calificadas negativamente a lo largo y ancho del país, independientemente del nivel de inseguridad que se viva en cada entidad. Luego entonces, se trata de un problema sistémico.
“Si bien existen mejoras puntuales,” nos dice México Evalúa, “el balance general de la seguridad desde la ENVIPE es negativo. La incidencia delictiva por habitante disminuyó y la percepción de inseguridad mejoró en los ámbitos más cercanos, particularmente a nivel de las colonias o barrios. Sin embargo, estos avances son insuficientes para hablar de una mejora integral: en 2025 se registró el mayor número absoluto de delitos desde 2012 y la estructura delictiva se desplaza —como ya mencionamos— hacia fenómenos como el fraude, la extorsión y las amenazas.”
Es claro que los delitos del fuero común son competencia de los estados, lo mismo que el desempeño de las policías; pero ahora que se ha hablado de coordinación, es hora de que llame la atención a los Secretarios de Seguridad locales. Lo propio debería de hacer la Fiscalía General de la República con las Fiscalías estatales. Luchar contra la cifra oculta es un debe.
Para empezar, si todas esas dependencias -incluida la suya- revisaran el estudio hecho por México Evalúa y la ENVIPE, tendrían una base muy clara de cuál es el panorama real de la delincuencia en cada entidad y, en consecuencia, podrían planear mejor sus estrategias.
Aun cuando la seguridad está mejorando, estamos muy lejos de que las autoridades federales y estatales brinden confianza y tranquilidad a los ciudadanos.
+ Con la colaboración de Upa Ruiz
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