La tragedia de los feminicidios
Ei el Estado no implementa una política pública que combata el machismo y la misoginia, si no se refuerza a las fiscalías, la ley contra el feminicidio será una solución muy parcial
ARQ. LAURA ITZEL CASTILLO,
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA,
SENADO DE LA REPÚBLICA:
+ Machismo: discriminación sexista
caracterizada por la prevelencia
del varón.
Diccionario de la Real Academia
Podría decirse que es casi una buena noticia el hecho de que en el Senado se preparará la Ley General en Materia de Feminicidio, mediante la cual se busca homologar en todo el país los procesos y protocolos de prevención y atención a familiares. Ya se habían tardado tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo en poner atención a un problema tan grave y doloroso como es el feminicidio.
Es probable que la ley sea completa y efectiva para que los Ministerios Públicos sepan identificar un feminicidio, lo cual se plasmaría en un protocolo de actuación. El quid del asunto estará en que dichos funcionarios de verdad lo lean, se lo aprendan y lo apliquen. Lo menciono porque ya existe un extensísimo manual de procedimiento sobre las desapariciones, el cual no deja un solo cabo suelto; sin embargo, ya sabemos la maraña en que se ha convertido el problema y si no fuera por los colectivos de familiares, estaríamos peor.
El fenómeno de los feminicidios pone los pelos de punta. En la última década 34 mil 645 mujeres han sido víctimas, la mayoría de ellas de 15 a 29 años; estamos hablando de que, en promedio, 14 mujeres son asesinadas diariamente.
Un punto importantísimo por considerar en la ley que están por elaborar es que quede muy claro que es un homicidio en razón de género, el cual es “un concepto sociológico que describe las desigualdades históricas que genera la discriminación y que se traduce en relaciones de poder, abuso, misoginia, control, dominación y subordinación de las mujeres”, según lo describe el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en su Informe sobre la Implementación del Tipo Penal de Feminicidio en México. Algo tendrán que hacer más allá de la ley para que los Ministerios Públicos comprendan que se trata de un delito distinto a los homicidios de varones.
Algo muy extraño ocurre en la mente de un feminicida, pues cree que tiene el poder suficiente para determinar la vida y disponer del cuerpo de las mujeres, para castigarlas o sancionarlas, y en última instancia, para preservar los órdenes sociales de inferioridad y opresión.
Para que la debida diligencia caracterice a las investigaciones sobre feminicidios, el Observatorio propone cinco mandatos a considerar. Empieza con la oficiosidad, que no es otra sino la obligación del Estado en iniciar ex oficio y sin dilación la investigación, lo cual pasa por reconocer que el asesinato se trata o tiene altas probabilidades de ser un feminicidio. El segundo mandato es la oportunidad, es decir, que de inmediato se tomen las previsiones para impedir la pérdida de pruebas que a la postre podrían resultar fundamentales. Parte de la oportunidad tiene que ver con el plazo de la investigación; para las familias es una doble victimización el que no se encuentre a los responsables en un plazo razonable.
El tercer mandato señala la exigencia de que las investigaciones sean hechas por personal capacitado, “que utilice de manera efectiva todos los recursos a su disposición y cuente con personal técnico idóneo”. Aquí, doña Laura Itzel, es donde la ley se va a topar con pared. Quiero suponer que la ley incluirá la obligación de las fiscalías estatales para capacitar a sus Ministerios Públicos en los protocolos y procedimientos en razón de género; imaginemos en un mundo ideal que las fiscalías cumplen con tal obligación. Donde el asunto se descompone es en la insuficiente cantidad de MP’s y de personal técnico del que disponen para este delito y para cualquier otro. La cantidad de carpetas de investigación rebasa descomunalmente a los MP’s.
El cuarto mandato es la imparcialidad de las autoridades y esto se refiere a que no sean prejuiciosas respecto del contexto en que ocurre el crimen; por poner un ejemplo, si el hecho ocurre en la noche cuando la víctima salió a divertirse. Por último, está el mandato de exhaustividad, la cual también podría ser un callejón sin salida por las condiciones en que las fiscalías desarrollan su trabajo.
Pero más allá de las leyes, México está viviendo las consecuencias de un modelo social en el cual prevalece el machismo en pleno siglo XXI. 40% de los asesinatos de mujeres son perpetrados por la pareja sentimental, seguido de algún familiar o conocido que previamente abusa de la víctima; el resto es cometido por un desconocido. Como sea, son hombres que, aunque no lo confiesen abiertamente, sienten que tienen “derecho” sobre el cuerpo y la vida de una mujer. Con un agravante, los feminicidios son particularmente violentos; las mujeres no son asesinadas por una bala, sino mediante un sufrimiento prolongado que finalmente lleva a la muerte.
Así pues, si el Estado no implementa una política pública que combata el machismo y la misoginia, si no se refuerza a las fiscalías, la ley contra el feminicidio será una solución muy parcial.
+ Con la colaboración de Upa Ruiz
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