¿Elecciones sin el narco?
El crimen organizado es la principal amenaza para democracia y la gobernabilidad del país. La vigilancia estrecha sobre las candidaturas es solo el primer paso para limpiar la política de la influencia de los cárteles y me temo que la iniciativa está coja
RICARDO MONREAL,
LÍDER BANCADA DE MORENA,
CÁMARA DE DIPUTADOS:
Injerencia: intromisión, intrusión,
entrometimiento, mangoneo.
Diccionario de la Real
Academia de la Lengua
Mucho le debe estar pesando a MORENA la percepción de corrupción y colusión con la delincuencia organizada, al punto que ya tienen armada toda la narrativa y hasta adiciones a la ley electoral para deslindar a sus candidatos del malas influencias. Eso y la presión creciente de que EUA les mande otra lista de políticos presuntamente involucrados con el narco.
Así las cosas, el martes 26 se iniciará el Período Extraordinario de Sesiones en el Congreso para discutir adiciones a la ley electoral, además de la reforma a la Reforma Judicial y la Revocación de Mandato. Una de las adiciones a la ley electoral tiene que ver con la integridad ética de los candidatos, promovida por la presidenta Sheinbaum, y la otra con la intervención extranjera en las elecciones, propuesta por usted. Hablemos por ahora de la primera.
Ya se habían tardado, don Ricardo, porque en febrero de este año, el presidente del PAN, Jorge Romero, declaró que “Acción Nacional no está dispuesto a abordar los temas planteados en la reforma electoral mientras no se coloque en el centro del debate la participación del crimen organizado en las elecciones.” Para el líder panista, tal injerencia es hoy el principal problema del sistema democrático mexicano.
Como sea, van a discutir y dictaminar las modificaciones a la ley electoral que, a grandes rasgos, supone la creación de una Comisión de Verificación de Integridad la cual estará a cargo de revisar que las candidaturas del 2027 no se vean empañadas por aspirantes con vínculos con el crimen organizado. La Comisión estará conformada por cinco de los consejeros electorales, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Los partidos podrán presentar ante la Comisión su lista de candidatos, para que ésta solicite a las distintas instituciones un análisis sobre los perfiles. Cabe señalar que los candidatos también deberán dar su anuencia para que la Comisión lo analice y que todos los datos serán manejados de manera confidencial.
De encontrar indicios, las instituciones continuarán sus investigaciones y los partidos decidirán si prosiguen o no con los aspirantes señalados. Pero hasta ahora no se han establecido sanciones.
El primer problema que aquí encuentro es el tiempo y las capacidades. Mire, don Ricardo, en 2027 se van a elegir 500 diputados federales, 17 gobernadores, mil 98 diputados estatales, 698 presidentes municipales y 13 mil 515 regidores y síndicos de 30 de las 32 entidades federativas. O sea, 15 mil 828 cargos.
Conservadoramente y dada la información que se tiene sobre la infiltración, resultarían como de mayor interés los alcaldes, los gobernadores y los diputados federales. Ello nos reduciría la base a mil 215 cargos, pero si consideramos que los partidos son MORENA-PVEM-PT, PAN, MC y PRI, tendremos cuatro listas con un universo total de ocho mil 505 candidatos. Me temo que algo hay que hacer con las instituciones involucradas para que estén en condiciones de hacer investigaciones exprés sobre todos ellos. Lo anterior también supondrá que los partidos adelanten su calendario electoral para iniciar campañas a tiempo.
Ahora bien, supongamos que los candidatos ya pasaron el primer filtro. El crimen organizado no se va a quedar cruzado de brazos sin intentar convencer por las buenas o por las malas a los aspirantes. Lo menciono porque dentro de este intento por sanear las elecciones, no se conoce hasta ahora que la iniciativa contenga alguna enmienda para reforzar la fiscalización de los gastos de campaña, sobre todo de las aportaciones en efectivo. Este es un gran pendiente.
El otro pendiente es el dinero para la compra de votos. Por 500 pesos y bastante presión, el crimen organizado “convence” a los ciudadanos que voten por tal o por cual candidato. Supongamos que el aspirante salió impoluto de la Comisión de Verificación; ello no obsta para que después el crimen organizado intervenga coaccionado el voto y luego le quiera cobrar “el favor” al candidato electo. El fraude electoral está antes de la casilla.
El siguiente paso para deshacernos de la infiltración del narco es la vigilancia sobre el desempeño durante el cargo. Ahí está el caso del alcalde de Atlatlahuacán, Morelos, Agustín Toledano (PAN), recientemente detenido durante la Operación Enjambre, al igual que otros tres munícipes. Aun cuando Atlatlahuacán es de vocación agrícola, cobró relevancia criminal al convertirse en parte de un corredor de trasiego. Este ejemplo es solo uno de los 11 municipios morelenses detectados por el análisis geodelictivo de la FGR; cuatro son gobernados por MORENA y los siete restantes por partidos de oposición.
El crimen organizado es la principal amenaza para democracia y la gobernabilidad del país. La vigilancia estrecha sobre las candidaturas es solo el primer paso para limpiar la política de la influencia de los cárteles y me temo que la iniciativa está coja.
Con la colaboración de Upa Ruiz
Nueva cuenta en X: upa_ruiz
X: @Lmendivil2015
