Diputada del PAN Propone Impulsar la Movilidad Rural como Derecho Fundamental
La diputada Mayra Rodríguez Ramírez, del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una iniciativa a nombre de la Coalición Parlamentaria Unidad y Valor por Durango (PRI-PAN) para reformar el artículo 32 de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, con el objetivo de impulsar la movilidad rural y garantizar este derecho como una prioridad de justicia social, inclusión y dignidad para todos los ciudadanos.
La iniciativa busca que la movilidad en las zonas rurales deje de ser considerada un lujo y se reconozca como un derecho fundamental que garantiza el acceso a servicios esenciales como salud, educación, seguridad y bienestar, especialmente para adultos mayores y grupos vulnerables.
La reforma propuesta plantea que los ayuntamientos fomenten la accesibilidad y la seguridad personal para las personas en situación de vulnerabilidad en sus traslados dentro de las comunidades rurales. Esto implica establecer prioridades claras en las políticas públicas que garanticen soluciones de movilidad rural efectivas, como rutas de transporte eficientes, infraestructura adecuada y apoyos institucionales.
La diputada Rodríguez Ramírez argumentó que el enfoque de la movilidad no puede limitarse exclusivamente a las áreas urbanas, sino que debe contemplar también las zonas rurales, donde los retos geográficos pueden ser significativos, pero no deben ser un impedimento para la acción política.
La iniciativa establece que los municipios deben considerar el desarrollo rural en la formulación y evaluación de sus políticas de movilidad, ampliando así el alcance de la ley para responder a las diversas realidades y rezagos históricos que enfrentan las comunidades rurales.
Puntos Clave:
- Diputada Mayra Rodríguez Ramírez (PAN) propone reformar el artículo 32 de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial.
- Objetivo: Impulsar la movilidad rural como derecho y prioridad de justicia social.
- Enfoque en garantizar el acceso a servicios esenciales en zonas rurales.
- Responsabilidad de los ayuntamientos en fomentar la accesibilidad y seguridad en comunidades rurales.
- Necesidad de políticas públicas que ofrezcan soluciones de movilidad rural efectivas.
- Ampliación del alcance de la ley para contemplar las necesidades de las zonas rurales.
