Más sobre el crimen organizado
El crimen organizado cada vez tiene más actividades ilícitas que merman la autoridad de los gobiernos y se apropian de los bienes y recursos
LIC. OMAR GARCÍA HARFUCH,
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN CIUDADANA:
Seguramente alguno de sus asesores ya tuvo la ocasión de revisar el Reporte de Investigación sobre el Crimen Organizado 2026, preparado por la Oficina contra las Drogas y el Crimen de las Naciones Unidas (UNDOC). Aun cuando el capitulado es amplio, presenta tres temas de los que poco se habla en México en comparación con los delitos de producción y tráfico de drogas. Le comento algunos negocios ilícitos que dejan pingües ganancias a los grupos del crimen organizado (GCO).
Empecemos con los traficantes de migrantes, los cuales pertenecen a grandes y bien organizadas operaciones criminales jerárquicas con vínculos transnacionales, capaces de organizar pasajes sofisticados de contrabando, incluyendo documentos de viaje falsificados u obtenidos fraudulentamente.
En otros casos, los GCO obtienen de los “polleros” a los migrantes para extorsión de rescate, robo u otras formas de explotación. Uno de los delitos más comunes cometidos por los traficantes es la privación de libertad y la extorsión de sus clientes. Los GCO o bien exigían a un rescate o los detienen en “casas de crédito” hasta que finiquiten el pago.
Por lo que hace a la trata de personas, el 42% por ciento de todas las víctimas detectadas a nivel mundial fueron traficadas para trabajo forzado, el 36% para explotación sexual, el 8% para criminalidad forzada, mientras que el resto de las víctimas detectadas fueron traficadas para otras formas de explotación.
Cuando los GCO que mantienen cierta gobernanza sobre los territorios se involucran en la trata de personas, parecen traficar con más personas, durante más tiempo, a mayores distancias y de manera más violenta en comparación con traficantes oportunistas.
Por lo que hace al tráfico de recursos naturales, la cosa es igualmente complicada, pues abarca todas las regiones del mundo. Entre 2015 y 2021, se registraron incautaciones de fauna silvestre en 162 países, involucrando alrededor de cuatro mil especies de plantas y animales.
En comparación con otros mercados ilícitos, el tráfico de recursos naturales se caracteriza por una gama más amplia de actores y por una distinción más matizada entre economías legales e ilegales. Por ejemplo, en varias cadenas comerciales de delitos contra la fauna, la población local en zonas remotas podría encontrar oportunidades de ingresos por la participación en la caza ilegal de fauna. En otros casos, como la pesca ilegal, participan actores más sofisticados y organizados.
Y lo mismo puede decirse de la tala ilegal. Los GCO rara vez operan solos en los mercados ilegales de recursos naturales. Se trata de actores que operan bajo una fachada legal, delincuentes corporativos y empresas legítimas están todos implicados en delitos forestales, creando redes reforzadas que intensifican el daño a comunidades, recursos naturales y medio ambiente.
En América Latina, los GCO que cometen delitos minerales crean y utilizan empresas pantalla para blanquear dinero del narcotráfico, a través de intrincadas redes transnacionales que involucran a corporaciones de varios países.
Los mercados ilegales de recursos naturales son particularmente volátiles, expandiéndose y desapareciendo, con actores criminales que se desplazan rápidamente de un tipo de recurso a otro para superar la escasez de recursos debida a la sobreexplotación o normas más estrictas.
En este tipo de actividad criminal, los GCO también pueden ejercer una gobernanza ilegal sobre las zonas de acción. En el caso de la minería ilegal, por ejemplo, ejercen control sobre las comunidades y territorios donde hay minerales con el propósito de garantizar su extracción exclusiva.
Como era de esperar, los GCO pueden ejercer violencia para imponer un gobierno ilegal sobre áreas con recursos naturales que desean explotar. Un estudio reciente de América Latina indica que los GCO identifican áreas forestales de interés y se acercan a los propietarios para negociar el acceso, ofreciendo a menudo una compensación mínima. Cuando los propietarios resisten, se emplean intimidaciones y violencia, y en algunos casos, la madera se tala sin consentimiento ni pago. Aunque los propietarios han denunciado estos incidentes a las autoridades nacionales, las inspecciones se ven frecuentemente socavadas ya que los grupos criminales utilizan amenazas, secuestros y sobornos para asegurar el silencio o la conformidad por parte de las comunidades locales, empresas privadas y funcionarios estatales.
Los daños causados por la extracción ilegal de recursos naturales suponen la pérdida de biodiversidad, la sobreexplotación de recursos naturales como los peces, y la contaminación del aire, la tierra y el agua en comunidades donde se extraen y procesan minerales ilegalmente, además de amenazar la seguridad alimentaria, propagar enfermedades zoonóticas y socavar la preservación del patrimonio natural.
De manera crucial, los delitos que afectan al medio ambiente socavan la gobernanza y el Estado de derecho al alimentar la corrupción, el blanqueo de capitales y los flujos financieros ilícitos.
En conclusión, el crimen organizado cada vez tiene más actividades ilícitas que merman la autoridad de los gobiernos y se apropian de los bienes y recursos.
+ Con la colaboración de Upa Ruiz
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