50 vidas después, México vuelve hablar de vacunación: Sughey Torres.

• El país pierde certificación internacional de vacunación contra el sarampión.
Ante el incremento de casos de sarampión en México, enfermedad que había sido controlada durante décadas y que hoy representa nuevamente un riesgo para la población, la diputada local Sughey Torres Rodríguez, pidió a las autoridades sanitarias garantizar vacunas suficientes, recuperar y mantener coberturas superiores al 95 por ciento, ya que el país acumula más de mil 701 casos confirmados y 50 defunciones durante 2025 y 2026.
“México había logrado mantener bajo control el sarampión desde hace décadas, gracias a una política de vacunación que fue ejemplo de prevención. Hoy tenemos que preguntarnos qué pasó para llegar a miles de contagios y decenas de fallecimientos por una enfermedad que cuenta con una vacuna eficaz”, expresó a nombre del Grupo Parlamentario del PRI.
La legisladora priista advirtió que la situación es preocupante, particularmente porque se trata de una enfermedad altamente contagiosa, pero prevenible mediante una vacuna segura y eficaz. Señaló que, de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Salud, con corte al 12 de noviembre de 2026, el país acumulaba 20 mil 701 casos confirmados y 50 defunciones durante 2025 y 2026.
En el caso de Durango, agregó, los reportes epidemiológicos contabilizan cuatro defunciones relacionadas con este brote, una situación que, dijo, no debe normalizarse, pues detrás de cada cifra hay vidas humanas y familias que enfrentan las consecuencias de una enfermedad que puede prevenirse.
Torres Rodríguez señaló que, de acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, la cobertura de la primera dosis de la vacuna contra el sarampión pasó de 97 por ciento en 2018 a 73 por ciento en 2019, mientras que en 2023 se ubicó en 76 por ciento. Para la segunda dosis, la cobertura también se encontraba en niveles insuficientes.
“La infancia no necesita promesas de transformación; necesita gobiernos que la protejan. La salud de nuestras niñas y niños no es una bandera política, es una obligación del Estado. No podemos permitir que enfermedades que nuestros padres y abuelos aprendieron a prevenir vuelvan a convertirse en una amenaza para nuestras familias”, resaltó.
Consideró necesario revisar las decisiones y omisiones que contribuyeron al debilitamiento de las estrategias de prevención durante los últimos años, al señalar que los problemas de proveeduría y los efectos de la pandemia no pueden convertirse en justificaciones permanentes para dejar de garantizar la protección de niñas y niños.
“Un gobierno tiene la obligación de resolver los problemas que recibe, no de convertirlos en una justificación. La vacunación debe ser una política pública permanente, con presupuesto, planeación, distribución y seguimiento; no una respuesta que se activa cuando los contagios y las defunciones ya son una realidad”, sostuvo.
La representante del PRI reconoció que se han intensificado las jornadas de vacunación y que las autoridades federales han informado avances en la contención del brote; sin embargo, cuestionó que se haya tenido que llegar a esta situación para reforzar una política de prevención que nunca debió descuidarse.