Inhibir falsas denuncias contra docentes, propone Dany Soto
A nombre del Grupo Parlamentario del PRI…
A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Dany Soto Hernández, propuso reformar el Código Penal y la Ley de Educación del Estado, en materia de protección de los derechos del personal docente, directivo y administrativo ante denuncias presentadas a sabiendas de su falsedad, amenazas y acoso.
“Una escuela segura necesita estudiantes protegidos, familias escuchadas y docentes que puedan ejercer su vocación sin miedo”, expresó, al afirmar que defender a la niñez y proteger la dignidad de quienes enseñan son responsabilidades que deben atenderse de manera conjunta.
Al realizar la ampliación de motivos, explicó que la propuesta contempla dos ejes fundamentales: establecer medidas de protección frente a amenazas y acusaciones deliberadamente falsas contra docentes, directivos y personal administrativo, así como reforzar las garantías de audiencia, defensa y debido proceso en la atención de quejas y denuncias dentro de las instituciones educativas.
“Que ninguna denuncia legítima quede sin investigar y que ninguna persona sea sancionada sin que se acredite su responsabilidad”, resaltó.
En materia penal, la iniciativa plantea establecer sanciones específicas para las amenazas que busquen intimidar o coaccionar al personal educativo en el ejercicio de sus funciones, así como para las acusaciones deliberadamente falsas presentadas ante las autoridades competentes.
Asimismo, propone considerar como agravante los casos en que una persona adulta manipule o utilice intencionalmente a una niña, niño o adolescente para sostener una acusación que sabe falsa. Al respecto, la legisladora subrayó que las personas menores de edad no deben convertirse en instrumentos de conflictos entre adultos, pues ello también puede afectar su dignidad y bienestar emocional.
Soto Hernández puntualizó que la iniciativa distingue entre una denuncia que no logra acreditarse y una acusación deliberadamente falsa, ya que la falta de pruebas suficientes no significa que una denuncia sea falsa. Por ello, explicó que la responsabilidad penal deberá sustentarse en la demostración de que la persona conocía la falsedad de los hechos, sin castigar a quienes denuncian de buena fe para proteger a sus hijas e hijos.
El segundo eje de la propuesta busca fortalecer las garantías jurídicas en los procedimientos educativos, mediante la atención de quejas y denuncias con objetividad, confidencialidad y respeto al debido proceso. Esto incluye garantizar el derecho de audiencia y defensa de las personas señaladas, así como procurar que las medidas provisionales estén debidamente fundamentadas y sean proporcionales al riesgo identificado.
