Impulsa Sandra Amaya reestructuración de la EASE para cerrar paso a la corrupción
La legisladora de la Cuarta Transformación propone fortalecer la fiscalización en Durango con una reforma estructural a la Auditoría Superior del Estado
Con el firme propósito de erradicar prácticas que fomentan la corrupción e impunidad en la administración pública, la diputada Sandra Amaya, integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado (ASE) e integrante del Grupo Parlamentario de la Coalición Parlamentaria Cuarta Transformación, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado.
La propuesta legislativa busca una reestructuración profunda de la ASE, órgano clave en la vigilancia del uso del dinero público. Amaya subrayó que el objetivo principal es “fortalecer la estructura, autonomía técnica y operatividad” de la Auditoría, eliminando los vacíos normativos y los márgenes de discrecionalidad que hoy minan su credibilidad.
“No se puede hablar de fiscalización efectiva si quienes deben auditar no tienen estructura definida ni límites normativos que protejan la integridad del proceso”, advirtió la diputada desde tribuna.
En el documento presentado ante el Congreso del Estado, se detalla que la ASE ha venido operando con una estructura interna difusa, duplicidades operativas y sin una clasificación clara de funciones. La iniciativa propone dividir las auditorías en dos grandes áreas —denominadas “A” y “B”— para delimitar responsabilidades y optimizar los procesos de revisión.
Uno de los ejes centrales de la reforma es el combate a la llamada “puerta giratoria”. De ser aprobada, la ley prohibirá expresamente que auditores o personal técnico de la ASE puedan asesorar o trabajar para entes fiscalizables durante su encargo y hasta cinco años después de dejar el puesto. Esta disposición busca eliminar conflictos de interés y asegurar que el conocimiento adquirido en funciones de control no sea utilizado en beneficio personal o institucional indebido.
Amaya enfatizó que la fiscalización del gasto público no debe entenderse únicamente como una labor técnica, sino como una herramienta de alto valor para la transparencia, la rendición de cuentas y la ética gubernamental.
La iniciativa se alinea con los principios establecidos en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley de Responsabilidades Administrativas y los mandatos constitucionales en materia de control del gasto público. Además, responde directamente al clamor ciudadano de contar con instituciones confiables y funcionales que velen por el uso adecuado de los recursos.
Cierre institucional
La reforma impulsada por la diputada Sandra Amaya marca un paso decidido hacia la consolidación de un sistema de fiscalización más sólido, imparcial y comprometido con los valores éticos que exige la ciudadanía. El Congreso del Estado evaluará en comisiones la viabilidad de esta iniciativa, en un momento en que Durango demanda mayor firmeza en el combate a la corrupción.
