Propone Sandra Amaya antidoping obligatorio y aleatorio para elementos de seguridad.
• “No se trata de desconfiar de nuestras corporaciones; se trata de fortalecerlas”, afirmó.
La coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Sandra Amaya Rosales presentó la iniciativa de reformas a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, para establecer evaluaciones toxicológicas obligatorias, periódicas y aleatorias a los integrantes de las instituciones de seguridad pública del Estado.
“La confianza ciudadana no se construye únicamente con más patrullas, más equipamiento o más elementos en las calles. También se construye estableciendo reglas claras y fortaleciendo los controles institucionales. No se trata de desconfiar de nuestras corporaciones; se trata de fortalecerlas”, expresó al hacer uso de la tribuna.
Señaló que el consumo de sustancias psicotrópicas, estupefacientes o aquellas que produzcan efectos similares puede representar un riesgo para los propios elementos, sus compañeros y, principalmente, para la sociedad. Por ello, consideró necesario establecer reglas claras que permitan garantizar el adecuado desempeño de las corporaciones.
Como parte de su exposición de motivos, mencionó que entidades como Nuevo León y Zacatecas ya contemplan evaluaciones toxicológicas para sus elementos policiales. Asimismo, destacó las acciones emprendidas en Gómez Palacio, donde en mayo de 2026 se promovieron pruebas antidoping sorpresa para alrededor de 200 elementos de Tránsito y Vialidad.
Asimismo, propone adicionar disposiciones al artículo 85 para establecer la obligación de abstenerse de consumir sustancias que alteren las capacidades físicas o mentales, reconociendo las excepciones correspondientes al uso de medicamentos legalmente prescritos por profesionales de la salud.
Otro de los planteamientos consiste en establecer expresamente que los integrantes de las corporaciones deberán someterse a evaluaciones toxicológicas obligatorias, periódicas y aleatorias, conforme a los criterios y disposiciones de las autoridades competentes. También se busca impedir que cualquier persona servidora pública se presente a desempeñar sus funciones bajo los efectos de sustancias que alteren su estado físico o mental.
Sandra Amaya enfatizó que esta propuesta no pretende criminalizar, estigmatizar ni perseguir a los integrantes de las corporaciones policiales, sino dignificar su labor, fortalecer la disciplina institucional y generar mayor confianza entre las autoridades y la ciudadanía.
En ese sentido, precisó que las evaluaciones deberán realizarse bajo criterios técnicos y garantías jurídicas, de manera que cualquier resultado positivo preliminar sea confirmado mediante los procedimientos analíticos correspondientes. Además, deberán protegerse los datos personales, considerar los medicamentos prescritos legalmente y garantizar el derecho de audiencia y el debido proceso.
