¿Ruffo Appel es culpable?
Como sea, cuando la procuración de justicia es selectiva o se maneja en función de la oportunidad política, deja de ser justicia
LIC. ERNESTINA GODOY,
FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA:
Leí con atención la información dada a conocer por Fiscalía a su cargo acerca de la detención de Ernesto Ruffo Appel por su presunto involucramiento en el huachicol fiscal. Le confieso que me resulta difícil dar por buenas las acusaciones por la trayectoria política y empresarial que ha tenido el hoy acusado. Fue un magnífico gobernador de Baja California, el primero de oposición, allá por los años 90.
Todo empezó el año pasado cuando se llevó a cabo en Coahuila un mega decomiso de 10 millones de litros de combustible que se transportaban en 100 carrotanques. Sobre el caso, la FGR ha presentado cien pruebas de operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo a través de la empresa Ingemar, de la cual Ruffo es socio. “Un esquema de contrabando del hidrocarburo,” dice el boletín, “el cual consiste en introducir combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas, es decir, se reporta menos de lo que realmente se transporta o se declara como si fueran otros productos para evadir impuestos.”
De acuerdo con los dictámenes periciales y siguiendo la información oficial, en varias operaciones de Ingemar habría una diferencia sistemática, lo cual revelaría un mecanismo deliberado de ocultamiento. Es decir, habrían declarado 10 mil litros de combustible en cada carrotanque, cuando en realidad contendrían más de 100 mil litros. A Ingemar se le imputa haber movido 163 vehículos, con productos de las refinerías ubicadas en Texas y luego venderlo a gasolineras de Coahuila, Chihuahua, Durango y Zacatecas controladas por la empresa Gasolinera Faza.
De acuerdo con la acusación, Ruffo Appel sería el “dirigente dentro de una organización criminal con dominio funcional del hecho”, pues fungía como “operador estratégico en el nivel corporativo de la organización, actuando como facilitador estructural y legitimador institucional”. En síntesis, lo consideran un coautor funcional de una organización criminal. Según cálculos de la Fiscalía, el daño al erario es por cuatro mil 456 millones de pesos.
Ingemar no es la única empresa acusada; le acompañan otras 11 y en particular Servicios Aduanales JR. Efectivamente, Ingemar participó en la operación, pero aparentemente no de la manera en que la FGR acusa, porque no era la empresa que compraba el combustible, como tampoco era el comercializador. Según otras versiones, su tarea se limitaba a la tramitología ante la Agencia Nacional de Aduanas.
Le decía, doña Ernestina, que me cuesta trabajo dar por buenas las acusaciones por la trayectoria de Ruffo; pero bueno, como diría mi abuela, “caras vemos, corazones no conocemos”. Lo que abunda en mis dudas es que cuando estalló el escándalo e Ingemar fue llamada a declarar, directivos de la empresa y el propio don Ernesto acudieron a las autoridades para aclarar cualquier asunto. Si él tuviera cola que le pisen, de inmediato se hubiera ido a EUA, país del cual también es ciudadano; no se habría regresado tan tranquilo a su residencia habitual en Ensenada.
Otro aspecto que hace dudar es que el primer juez al que acudió la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), éste le negó las órdenes de aprehensión de 23 personas presuntamente vinculadas con el huachicol, entre ellas el exgobernador de Baja California. Cabe hacer notar que dicho juez era de carrera judicial; no fue sino hasta que la FEMDO hizo su solicitud a un juez del acordeón que le fueron obsequiadas las órdenes de aprehensión.
Y la tercera cosa que me hace dudar es que la FGR es hora de que no puede armar un expediente en contra de Rubén Rocha Moya y coacusados, cuando hay tantos indicios que son vox populi. Lo mismo puede decirse de la actual gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien ha reconocido como verdaderas las grabaciones dadas a conocer en las que abiertamente ofrece su cooperación con las autoridades estadounidenses a fin de ser exonerada de cualquier cargo y que le devuelvan su visa.
Y, por último, tampoco se ve que la FEMDO esté tras la pista de los funcionarios de Aduanas, sean o no marinos. A SEMAR se le entregó el control de las distintas aduanas porque supuestamente con eso se acabaría la corrupción.
La detención de Ruffo Appel ya se está politizando. De un lado, panistas distinguidos como la diputada Kenia López Rabadán y Luis Felipe Bravo Mena han salido en su defensa, señalando que se trata de un preso político. Otras voces critican que se utilice la detención del exgobernador para distraer la atención de los dos casos que indico en el párrafo anterior. Del otro lado están los posts de Ariadna Montiel, presidenta de MORENA, quien dice que “convertir a un imputado en víctima es su escudo para proteger la impunidad y no hablar de sus delitos. Pero no es persecución: es huachicol fiscal”.
Como sea, cuando la procuración de justicia es selectiva o se maneja en función de la oportunidad política, deja de ser justicia.
+ Con la colaboración de Upa Ruiz
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