La elección judicial
Si le soy sincero, la elección de jueces y magistrados me parece una aberración, mucho más después de ver la experiencia de los comicios de 2025. Pero ni modo, ya es un cambio constitucional y hay que ver la mejor manera de sacar adelante la elección
DR. RICARDO MONREAL,
LÍDER DE LA BANCADA DE MORENA,
CÁMARA DE DIPUTADOS:
+ Aberración: error, disparate, yerro.
Diccionario de la Real Academia de la Lengua
Como que no lo veo muy preocupado por convocar a un período extraordinario de sesiones para discutir y modificar la ley sobre la Reforma al Poder Judicial, siendo que hay tantos temas de forma y fondo que abordar.
El primer tema y que más resonancia ha tenido es cambiar la fecha de la elección para que no sea concurrente con los comicios intermedios de 2027. Ya estuvo en la Cámara de Diputados la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, a mostrarle con peras y manzanas la inconveniencia de que se junten ambas elecciones. Por un lado, está el costo; si se separan las votaciones se tendría un ahorro de dos mil millones de pesos y eso creo que es importante para ustedes que siempre andan viendo por dónde reducirle el presupuesto al INE.
También está el problema de la logística. Como ya he comentado en este espacio, la cartografía de cada elección obedece a criterios distintos; es decir, una es distrital y la otra es por circuitos, abarcando cada una espacios geográficos diferentes. Pero imaginemos que por azares del destino en alguna zona pudieran coincidir y eso tampoco serviría porque las votaciones para elegir jueces y magistrados no se pueden celebrar en las mismas casillas porque no puede haber representantes de partido.
Luego está el tema humano. Para las elecciones comunes, el INE tiene que reclutar a algo así como un millón de ciudadanos para que funjan como funcionarios de casilla; el INE sufre para contar con esa cantidad de voluntarios. Imagínese lo que sería que la autoridad electoral tuviera que conjuntar a millón y medio o dos millones de ciudadanos para repartirlos en ambas elecciones. Y también está la molestia para el electorado, al tener que trasladarse de una casilla a otra el mismo día.
Todo lo que acabo de describir es peccata minuta comparado con los cambios y ajustes de fondo que se deben hacer a la ley, dadas las malas experiencias de la primera elección, la cual a fin de cuentas terminó deslegitimada.
Poco ha trascendido de la iniciativa impulsada por la exministra y hoy diputada Olga Sánchez Cordero, junto con Alfonso Ramírez Cuéllar y Javier Corral, más allá de lo relativo a suprimir los tres comités de selección para concentrarse en uno solo. No podría estar más de acuerdo, pues en el pasado cada comité funcionó con las reglas que Dios les dio a entender. Y no solo eso, en las listas de cada
Poder había aspirantes “sembrados” para llegar a aparecer en la boleta y luego ganar el cargo.
Un solo comité de selección debiera estar conformado por representantes del Congreso, pero sobre todo por expertos como los del Instituto de Investigaciones Jurídicas, así como catedráticos de reconocido prestigio de la UNAM, la Ibero y otras universidades. El Comité también debiera incluir a miembros distinguidos de la Barra Mexicana de Abogados, quienes al final del día son la contraparte del Poder Judicial.
Dentro de los cambios a la ley, creo que debe haber modificaciones en los requisitos para que no sean tan simples como hasta ahora; me refiero a la conveniencia de agregar que los aspirantes deben tener por lo menos 10 años de ejercer la profesión, especificar cuál es su área de competencia, porque no es lo mismo el Derecho Laboral que el Penal, y contar por lo menos con maestría.
Y luego está el tema del examen; aquí valdría la pena que dicho comité discutiera si es conveniente que una parte sea de conocimientos generales y otra parte de acuerdo con la materia a la que aspiran: laboral, penal, mercantil, civil, etc. Lo anterior supone que los contendientes se inscribirán para concursar por la plaza de la especialidad que dominan.
La ley también debe modificarse en cuanto al número de aspirantes que pasarán a la boleta. Con toda franqueza, creo que no debe haber más de 10 por cargo, pues de otra manera para el ciudadano será imposible elegir razonadamente y, además, se presta a que surjan por ahí los infames acordeones. Los 10 que aparezcan en la boleta serían, en teoría, los mejores de los mejores.
Un tema en el que no se le encuentra la cuadratura al círculo es el de la publicidad. Tal y como está la ley actualmente, los aspirantes no tienen derecho a nada, lo cual es una contradicción. En fin, hasta aquí algunas sugerencias, porque el espacio se me acaba.
Si le soy sincero, la elección de jueces y magistrados me parece una aberración, mucho más después de ver la experiencia de los comicios de 2025. Pero ni modo, ya es un cambio constitucional y hay que ver la mejor manera de sacar adelante la elección.
Con la colaboración de Upa Ruiz
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