Caso Sinaloa: ¿qué sigue?
El problema es que no son los corruptos de antes, son los corruptos de hoy y que crecieron bajo el manto de la 4T; tras esos va EUA. Así que la FGR va a tener mucho trabajo
LIC. ERNESTINA GODOY,
FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA:
En sus discursos del fin de semana, la presidenta Claudia Sheinbaum dio un ligero giro en relación con el caso Sinaloa. Además de hablar de la soberanía nacional, matizó con frases como la siguiente: “Y nadie, ninguna persona que no sea honesta, que no sea honrada, puede esconderse bajo el halo de la transformación del pueblo de México.”
Y no es para menos el cambio discursivo cuando el fin de semana se entregaron a las autoridades estadounidenses dos de los funcionarios sinaloenses incluidos en la acusación de Estados Unidos. Si no tuvieran cola que les pisen, pues no lo habrían hecho.
El primero fue el general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, quien ingresó voluntariamente al vecino país por la garita de Nogales el pasado 11 de mayo. Mérida fue secretario de Seguridad Pública en los primeros años de la administración de Rubén Rocha y renunció al cargo en diciembre de 2024, tres meses después de iniciada la confrontación entre Los Chapitos y Los Mayos.
Su currículum es impresionante, donde destaca que ostenta el doctorado en Derecho, además de haber sido director de la Escuela Militar de Inteligencia. La acusación señala que Mérida pasaba información a Los Chapitos sobre los operativos federales que se realizarían en Sinaloa; se estima que por lo menos alertó a la banda de criminal sobre 10 operativos en un solo año. A cambio habría recibido 100 mil dólares mensuales. No todo fue miel sobre hojuelas, pues durante su gestión 14 elementos fueron asesinados de forma violenta.
Enrique Díaz Vega, secretario de Finanzas y Administración, se encontraba en Europa de vacaciones cuando habría tomado la decisión de entregarse a las autoridades estadounidenses, aun cuando en México contaba de un amparo. En el caso de Díaz Vega destaca lo escandaloso de su enriquecimiento patrimonial; si bien tiene trayectoria empresarial, no deja de llamar la atención que en los últimos años habría comprado inmuebles por 125 millones de pesos, todos pagados de contado.
Dentro de los cargos en su contra está haber maniobrado en favor de Los Chapitos para colocar dentro del gobierno estatal a funcionarios a modo a fin de encubrir el trasiego de droga; asimismo, fungir como enlace entre esta banda criminal y el gobernador. Antes de las elecciones de 2021, Díaz Vega habría entregado a Los Chapitos los datos de los oponentes de Rocha para que la banda los amenazara y, eventualmente, los obligaran a retirarse de la contienda.
Las entregas son un golpe severo a la narrativa presidencial que exige pruebas y más pruebas a EUA. La presidenta lleva dos semanas de un fuerte desgaste por una posición insostenible; hubiera sido menos costoso que desde un principio declarara que se tomaba en serio la acusación de EUA, sin darla por definitiva, y que mientras las pruebas de ese país llegaban a México -como lo marca el tratado de extradición-, en nuestro país se harían las indagatorias necesarias.
Por ahora vemos que la Unidad de Inteligencia Financiera ya está operando al congelar las cuentas de la familia Rocha, no solo las del gobernador con licencia, sino también las de sus hijos y de las empresas donde ellos son socios, como Construcciones Suaqui y Constructora Chocosa. La UIF trataría de reconstruir los movimientos de recursos a través de transferencias bancarias, operaciones mercantiles, créditos y posibles triangulaciones de recursos.
De parte de la Fiscalía a su cargo no vemos nada, doña Ernestina. No es que la quiera carrerear, pero el tiempo apremia porque las presiones suben de intensidad. El viernes pasado, el Departamento de Justicia de EUA instruyó sus fiscales federales a utilizar las leyes antiterrorismo para perseguir y procesar a más funcionarios mexicanos de quienes se tengan indicios de estar en connivencia con los narcos. El fiscal General Adjunto, Aakash Singh, declaró que, si el gobierno mexicano se molestaba, “no podría importarme menos” y que si en esa andanada lograban avergonzarlo y humillarlo sería “cereza del pastel”.
Este sainete tiene que acabar y pronto. Me atrevo a elucubrar que la tirada es enjuiciar a Rocha Moya y los siete coacusados aquí en México, para ser algo congruentes con el discurso de soberanía. Preparar las carpetas de investigación formales, las que se presentarían a un juez, deberán estar impecables; sería inimaginable que el juez se las echara para atrás por deficiencias.
Volviendo a los discursos de la presidenta, el fin de semana afirmó que “los corruptos de antes no le van a robar la transformación al pueblo de México”. El problema es que no son los corruptos de antes, son los corruptos de hoy y que crecieron bajo el manto de la 4T; tras esos va EUA. Así que la FGR va a tener mucho trabajo.
+ Con la colaboración de Upa Ruiz
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