«Abusos Policiales en Lerdo No Pueden Seguir Impunes», Afirma Diputada Georgina Solorio; Propone Justicia Cívica y Mediación Policial
La diputada Georgina Solorio ha presentado una iniciativa de reformas a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Durango, con el propósito de crear un sistema de Justicia Cívica y Mediación Policial. Esta propuesta busca prevenir conflictos comunitarios menores antes de que escalen en violencia, fortalecer la confianza ciudadana en las autoridades, reducir la corrupción y los abusos policiales, y mejorar la convivencia entre la sociedad y los cuerpos de seguridad.
La legisladora Georgina Solorio enfatizó la urgencia de su propuesta, señalando que «La seguridad no se construye únicamente con armas o patrullas, sino con voluntad y diálogo, con ética y justicia”.
La iniciativa responde a la necesidad de atender conflictos vecinales, familiares y sociales menores que, actualmente, no son canalizados adecuadamente por el sistema judicial ni por las autoridades locales. Esta situación, según la diputada, ha contribuido al deterioro del tejido social y a una mayor percepción de inseguridad.
Solorio citó datos del INEGI, que indican que el 65% de los duranguenses considera a la delincuencia como el principal problema de su comunidad, y más del 60% de los conflictos cotidianos no se resuelven por vías institucionales.
La diputada denunció específicamente los abusos de poder y presunta extorsión por parte de cuerpos policiacos en Lerdo, incluyendo detenciones arbitrarias y cobros de cuotas ilegales a jóvenes. Detalló que, por primera vez en la historia de Lerdo, desde el inicio de mayo, ambas policías están realizando detenciones masivas diarias de jóvenes en bicicleta o motocicleta, principalmente en el área rural y zonas vulnerables. Argumentan consumo de drogas y, en todos los casos, cobran una «cuota mínima de 10 mil pesos», bajo el argumento de no trasladarlos a Durango, dando a los familiares un margen de una a dos horas para conseguir el dinero.
«¿Acaso no es esto una especie de extorsión?», cuestionó la diputada. «¿Si alguien joven o adulto incurre en un delito, lo correcto es canalizar el trámite a la dependencia correspondiente? ¿Acaso esos 10 mil pesos purifican su falta? Pero la realidad es que no todos son encontrados responsables del delito que se les imputa.» Esta situación, afirmó, refuerza la urgencia de profesionalizar la labor policial y delimitar sus facultades legales.
La propuesta de la diputada Solorio incluye que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado capacite a los elementos en justicia cívica, mediación policial y trato digno. Esto permitiría que los cuerpos de seguridad intervengan en conflictos no penales con medidas restaurativas, en coordinación con autoridades municipales y con facultad para canalizar casos a juzgados cívicos.
Finalmente, la iniciativa se alinea con el Modelo Homologado de Justicia Cívica impulsado a nivel nacional, inspirándose en experiencias exitosas en la Ciudad de México y el Estado de México, donde se ha logrado reducir en un 30% las faltas administrativas y aumentar la confianza ciudadana. La propuesta se basa también en el artículo 17 constitucional y en criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que promueven los medios alternativos de solución de conflictos como mecanismos eficaces de acceso a la justicia.
