Detienen a Ex Empleado de la CAED por Presunto Uso Indebido de Atribuciones en Obra para Rodeo

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos de Corrupción cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Rubén N, quien fuera empleado de la Comisión del Agua del Estado de Durango (CAED). Se le acusa de su presunta responsabilidad en el delito de Uso Indebido de Atribuciones y Facultades, previsto en el artículo 334, Fracción III del Código Penal del Estado de Durango, en agravio de la propia CAED y del Ayuntamiento de Rodeo.
La detención se llevó a cabo tras la denuncia formal y la integración de la Carpeta de Investigación por parte del agente del Ministerio Público especializado. Una vez recabadas las pruebas pertinentes, se solicitó y obtuvo del Juez de Control y Enjuiciamiento la orden de aprehensión contra el ex funcionario.
Según la investigación, Rubén N, en su calidad de residente de obra, tenía la responsabilidad de supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos correspondientes al diseño y construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales destinada al sistema de saneamiento del municipio de Rodeo.
Las indagatorias revelaron que, a pesar de la existencia de deficiencias técnicas significativas en la ejecución y conclusión de los trabajos, el entonces residente de obra presuntamente autorizó y firmó de manera indebida la solicitud para el trámite de pago del contrato de obra.
Este acto ilícito habría derivado en el pago del contrato por un monto de 1 millón 321 mil 426 pesos, ocasionando con ello un perjuicio económico tanto para la Comisión del Agua del Estado de Durango como para las arcas del municipio de Rodeo.
Es importante señalar que, de acuerdo con el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se presume la inocencia de la persona detenida, quien será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento penal hasta que se declare su responsabilidad mediante una sentencia emitida por el órgano jurisdiccional competente.
La detención de Rubén N representa un avance en las investigaciones para esclarecer posibles actos de corrupción en la administración pública y reafirma el compromiso de las autoridades por garantizar la correcta aplicación de los recursos y la rendición de cuentas.