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Apuestan por erradicar  violencia  política contra la mujer

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        A nombre del GPPAN, Fernando Rocha presenta iniciativa de reformas para este fin 

Con el objetivo de proteger de manera más amplia a las mujeres en el ámbito político  y dar paso a una sociedad igualitaria  donde se sancione la violencia por razón de género, el diputado Fernando Rocha Amaro,  presentó la iniciativa de reformas a la Constitución Política del Estado.

De esta manera, se prevé establecer como impedimentos para ocupar los cargos de gobernador, diputados e integrantes de los ayuntamientos a las personas que hayan sido sancionadas por infracciones o delitos relacionados por violencia política contra las mujeres por  razones de género, por violencia familiar o por incumplimiento de la obligación alimentaria.

“A través de la actual propuesta de reforma, Acción Nacional refuerza el compromiso con nuestras mujeres duranguenses y se presenta para que desde todas las áreas del quehacer público y social de nuestra entidad se impulse de una vez por todas la construcción definitiva de una sociedad igualitaria”, destacó.

Al respecto,  Rocha Amaro reconoció los avances que se han obtenido en la lucha por la igualdad de género, pero también, consideró propicio  identificar los retos y exigencias que presenta esta causa, compuesta por múltiples reivindicaciones y banderas, ya que el país aún tiene camino por recorrer en este rubro.

“Sin el concurso de las mujeres en un marco de respeto a sus derechos humanos y en igualdad de condiciones, no se podrá alcanzar la justicia, inclusión y prosperidad a la que aspiramos, requerimos y merecemos”, destacó el representante popular.

Durante su discurso, recordó que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en el 2021 aprobó los lineamientos para que los partidos políticos prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género.

Ante ello, no podrán ser candidatas ni candidatos aquellos aspirantes que tengan el antecedente de haber sido declarados culpables de violencia familiar, delitos sexuales y que estén sancionados como deudores alimentarios.

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